Publicado en www.abc.es
El manifiesto en el que un centenar de profesores y catedráticos critican el diseño de la nueva oficina judicial del Gobierno, y que adelantó el sábado ABC, no ha sentado muy bien a los secretarios judiciales, cuyas competencias salen reforzadas con esta reforma procesal. Los fedatarios han «invitado» a los firmantes del manifiesto a salir de sus despachos de la Universidad y «acercarse a la realidad» de la Justicia. En un comunicado,les acusan de una «falta absoluta de conocimiento» del funcionamiento de Juzgados y Tribunales y de no aportar «argumentos sólidos» cuando critican el proyecto de ley que deja en manos de los fedatarios la agenda de señalamientos.
A diferencia de los catedráticos, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales sostiene que esta reforma procesal, pieza clave para el Gobierno en su plan de modernización de la Justicia, «es escrupulosa y estrictamente respetuosa con la Constitución Española» en las atribuciones competenciales que efectúa a favor de este cuerpo. Recuerdan que la entrega de la llamada «gestión del proceso» a «otros juristas distintos del juez» permitirá la agilización y racionalización de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia, «economizando recursos, evitando gastos (...) y manteniendo la imparcialidad y exclusividad del juez en las fases del juicio». Se salvaguarda, así, dicen, el control judicial y la tutela judicial efectiva.
Precisamente, y respecto a la imparcialidad del juez, sostienen los secretarios que son los principios de unidad de actuación y jerarquía que rigen en el cuerpo los que permitirán «asegurar la igualdad de trato de todos los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al acceso a la Justicia», evitando de esta forma que pueda hablarse de los Juzgados como «auténticos reinos de taifas».
Organización «arcaica»
Recuerdan los fedatarios que la ejecución -concebida en la Carta Magna como «hacer ejecutar lo juzgado»-, «no implica que los jueces y magistrados tengan que adoptar todas y cada una de las decisiones del proceso de ejecución», pues el ejercicio de la «potestad coactiva del Estado» puede ser atribuido a otros funcionarios o Administraciones, como sucede con la Administración Tributaria o con la ejecución de penas privativas de libertad en la Administración Penitenciaria.
«Los daños irreparables a nuestra Justicia -señalan- no los producirá esta nueva forma de hacer las cosas que prevé el proyecto, sino que dichos daños, que ya tristemente padecen los ciudadanos, son consecuencia, entre otros motivos, de una organización arcaica».
